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La CCI presenta tabla de recomendaciones para el desarrollo de las mipymes de ingeniería

mipymes

Artículo publicado en la revista Infraestructura & Desarrollo, edición 93

Lea la publicación completa aquí

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y Confecámaras, en el documento “Nuevos Hallazgos de la
Supervivencia y Crecimiento de las Empresas en Colombia”, el sector construcción, que incluye vivienda y obras civiles, tiene la mayor participación de pymes en el país con un 14,8% (10.885 empresas).

Esta cifra supera otros sectores de la economía tales como el industrial, con un 7,5%; el de servicios con un 7,6% y el comercial, con un 4,2%. Si a las pymes del sector de construcción se agregan las microempresas, se obtiene una participación del 99% en el sector.
Estos datos son consistentes con los estudios de caracterización del subsector de construcción de obras civiles realizados por la CCI, en los cuales se evidencia que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas es superior al 90%.

Teniendo en cuenta la relevancia de este grupo empresarial para el avance de los proyectos de construcción de obra pública en el país, en las actividades de consultoría, construcción, interventoría y provisión de insumos, la CCI ha propuesto desde hace varios años, que el fortalecimiento empresarial de las mipymes de ingeniería del país sea una prioridad para el sector público y privado.
Con el propósito de aportar en esta tarea, la CCI encargó a ANIF, la realización de un borrador de documento Conpes sobre Política de Promoción para las mipymes de Ingeniería que fue expuesto en el XVI Congreso Nacional de la Infraestructura.

A continuación, las recomendaciones más relevantes presentadas en dicho documento:

I. Recomendaciones para facilitar el acceso a esquemas de financiamiento

A. Implementar un programa piloto
de anticipos para los proyectos de obra pública,
con la finalidad de atenuar las restricciones
de liquidez-capital de las mipymes.
La propuesta consiste en aplicar anticipos
proporcionales al tamaño de los contratos.

B. Impulsar estrategias duales
de mecanismos de financiación tradicionales
y profundización de fuentes alternativas.
En el primer caso, cabría evaluar la creación
de productos especiales para las mipymes
de ingeniería respaldados por los contratos
de obra pública, consultoría o interventoría.
Igualmente, se plantea la creación de líneas
de crédito especiales para propósitos
estratégicos (especialmente enfocados
en la transformación tecnológica y la
innovación), donde serían clave entidades
como Bancóldex e iNNpulsa.

 

C. Poner en marcha la facturación electrónica.
Este proceso fue establecido por la Ley 1819
de 2016 y tiene plazo de implementación entre
2020-2021 para las pymes. De esta forma se
abre una oportunidad para la negociación
de dichas facturas como un título valor.

D. Acelerar la aprobación de la Ley de Pronto Pago
con el fin de aliviar las presiones de caja de las mipymes.
Dicha Ley repercutirá en la adhesión a
los plazos de pago estipulados, evitará
la compra de insumos a menores precios,
además de imponer una nueva dinámica
en la contratación pública.

 

E. Ampliar el plazo para el pago del IVA
sin mora en tres meses para las mipymes.
Ello tendría el potencial de aliviar el desfase
que se genera entre el pago del IVA al momento
de facturar, y el cobro efectivo de las facturas.
 


 

II. Recomendaciones para fomentar la participación en procesos contractuales

A. Procurar que las condiciones contractuales para las mipymes que vienen desempeñándose
como subcontratistas no sean menos favorables respecto a la contratación pública ordinaria.
Esto busca que las mipymes subcontratistas no se encuentren en desventaja respecto de los
contratistas directos. Por lo mismo, se considera pertinente establecer una matriz de buenas
prácticas contractuales para la subcontratación en las obras de infraestructura de transporte,
la cual estaría liderada por el Ministerio de Transporte y contaría con la participación de otras
instituciones del sector, además del apoyo del sector privado. Aunque dicho documento no
sería vinculante serviría de referente para las mipymes subcontratistas.

 

B. Fortalecer y modernizar el Secop II, mediante un sistema electrónico de contratación pública totalmente
integrado, eficiente y transparente.
Esto implica el uso de tecnología durante las fases de los procesos de la licitación: publicación, provisión de documentos, presentación y evaluación de ofertas, notificaciones de adjudicación, además de las actividades de realizar pedidos y pagos.

C. Extender la implementación del pliego tipo
para procesos licitatorios de proyectos de
infraestructura, consultoría e interventoría,
ya que ha sido un factor determinante
para la participación de las mipymes del
sector en los procesos de contratación,
a través de pliegos estandarizados y
requisitos habilitantes que favorecen la
inclusión de más proponentes.

D. Incrementar el nivel de ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de infraestructura de transporte a nivel regional. A pesar de que el sector transporte históricamente ha sido el referente en ejecución de dichos recursos, existe un gran reto en el desarrollo de más infraestructura intermodal que genere mayor conectividad regional. Como consecuencia, también se lograría mayor participación de las mipymes de ingeniería a nivel local, para el desarrollo de vías terciarias, puertos, aeródromos, entre otros proyectos.

 

III. Recomendaciones para incentivar prácticas de innovación

 

A. Según la Ocde, para impulsar la innovación en las Pymes es clave generar entornos empresariales propicios para el crecimiento y la inversión productiva, a través de la actualización de las habilidades de la fuerza laboral por medio de programas de capacitación, el fomento de inversión pública en tecnologías de información y comunicaciones para facilitar el tránsito a la revolución digital, y desarrollo de políticas de investigación y desarrollo.

 

B. Aunar esfuerzos institucionales que fomenten la innovación empresarial de las pymes a través de estrategias tales como tener mejores canales de divulgación sobre las políticas de innovación empresarial desarrolladas por Bancóldex e iNNpulsa, y ahondar en políticas de fomento a la innovación diferenciadas por tamaño empresarial.

C. Promover alianzas estratégicas
entre la academia y el sector público
que permitan identificar, con criterios
rigurosos, procesos y productos
innovadores para el desarrollo de
la infraestructura de transporte,
principalmente, sobre técnicas, procesos
y materiales de construcción.
Con base en ello, se modificaría
la normativa de contratación,
buscando impulsar en el sector
empresarial la aplicación de dichos
procesos y productos innovadores.

 

D. Impulsar una política pública
de promoción de gobierno corporativo
en las mipymes de infraestructura.
Para este propósito la CCI
podría apoyar al Ministerio
de Transporte a través de la
medición del Índice de Gobierno
Corporativo, el cual cuantifica el
nivel de implementación de buenas
prácticas empresariales en
materia de asambleas de socios,
juntas directivas, control a la
gestión y transparencia.
E. Establecer la implementación obligatoria de esquemas de gobierno corporativo
en las entidades públicas contratantes, como lo sugiere la Ocde,
con el propósito de dar cumplimiento a los principios de integridad en la contratación pública: transparencia,
buena administración, prevención de malas conductas, cumplimiento y monitoreo, y responsabilidades y control.
 

10.885 compañías componen el grupo de pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, que incluye vivienda y obras civiles.

Finalmente, queremos invitar a los sectores público y privado a implementar las recomendaciones mencionadas, con el propósito de propiciar el fortalecimiento de las mipymes de ingeniería, las cuales son fundamentales para el crecimiento económico del país, el desarrollo del transporte intermodal, la conectividad regional, la modernización del país, y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.