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TRAS BAMBALINAS

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Por: Juan Carlos Quiñones, vicepresidente Jurídico de la CCI

La opinión pública seguramente no conoce los grandes esfuerzos que día a día realizan las sociedades concesionarias a cargo de los proyectos que conforman el programa de cuarta generación de concesiones viales.

Cuando se aprecia en los videos y las fotos de las obras terminadas a lo largo y ancho del país, cada kilómetro representa un enorme compromiso y dedicación por parte del sector privado con el desarrollo del país.

En este artículo se hace una radiografía del tras bambalinas de las obras construidas por los concesionarios en cumplimiento de altos estándares de calidad que le garantizan conectividad, confort y seguridad a los usuarios de las vías.

Lo primero que debe señalarse es que los accionistas de las sociedades concesionarias han sido los encargados de obtener los recursos que garantizan la ejecución de las intervenciones, a través del aporte de recursos propios de capital que a octubre de 2019 ascendía a más de $8 billones y mediante la suscripción de contratos de crédito o la emisión de bonos en el mercado de capitales.


Por su parte, ha sido más evidente, el compromiso de la banca nacional y extranjera, así como de fondos de capital privado, para realizar colocaciones mediante las cuales ha sido posible recaudar cerca de $33 billones para lograr los cierres financieros definitivos de 17 proyectos y cuatro créditos puente. 

Estas operaciones han implicado el otorgamiento de garantías líquidas por parte de los accionistas de los concesionarios, relacionadas con el aporte de equity y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los consorcios constructores o EPC (por sus siglas en inglés). En segundo término, y no menos importante,
ha sido la consecución de los predios y las licencias y permisos ambientales para adelantar las obras. Mientras en otras latitudes es el Estado el encargado de entregar las áreas de terreno, junto con las autorizaciones ambientales, en Colombia, son los concesionarios los que han asumido esta tarea. Esta realidad no es de menor calado, en el país hay decenas de entidades públicas que intervienen en el proceso de gestión predial y ambiental: la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad de Restitución de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales, las oficinas de registro de instrumentos públicos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones autónomas regionales, entre otros. Sobre este particular, no se evidencia una coordinación interinstitucional adecuada por parte del sector público. Cada una de las anteriores entidades tiene sus propios protocolos y tiempos para entregar y transferir la propiedad de los predios a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y para expedir las respectivas autorizaciones ambientales.


A su turno, los concesionarios directamente o a través de sus contratistas, elaboran los estudios y diseños de ingeniería de detalle, adquieren los equipos, la maquinaria, los insumos y los materia- les requeridos, contratan la mano de obra y construyen las obras. No menos relevante, son los programas de responsabilidad social que implementan los los cuellos de botella que día a día afectan la ejecución de los proyectos. Para el efecto, el gremio realizó un estudio detallado de los tiempos que toma la entidad para resolver los asuntos que son puestos de presente por los concesionarios, encontrando que muchas veces se supera el umbral razonable de respuesta, incluyendo los plazos estipulados en los contratos.

A partir de esta realidad, actualmente están trabajando la ANI y la CCI en una mesa para proponer soluciones concretas a los problemas identificados y se espera la formulación de una política transversal en el programa que permita realizar modificaciones contractuales en los casos que sea pertinente, de tal manera que la financiación de los proyectos y su exitosa culminación sea una realidad para el país, como hasta ahora ha sido.


Este esfuerzo, no tan evidente ni pomposo como los anuncios noticiosos sobre la terminación de unidades funcionales o megaestructuras, es la verdadera realidad del programa de 4G impulsado por el sector privado.


El crecimiento de las economías regionales y la competitividad nacional, así como la prosperidad general, son el principal rédito de este aporte de las empresas de infraestructura. Mejorar la gestión contractual debe ser un objetivo del día a día para todos los involucrados en esta gran apuesta por la infraestructura.Mejorar la gestión contractual debe ser un objetivo del día a día para todos los involucrados en esta gran apuesta por la infraestructura.